Cuando se permite a un funcionario corporativo ejercer responsabilidades ejecutivas generales, «la expectativa pública es que la corporación esté obligada a cumplir con los compromisos asumidos en su nombre por quienes presumen tener, y parecen tener de manera convincente, el poder de llegar a un acuerdo». Este principio no se aplica cuando se presume el requisito de una autoridad específica.